En el ciclo Verano de Datos Abiertos Constituyente, organizado por Flacso Chile y Fundación Abriendo Datos, en colaboración con la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera, Inacap, Consejo para la Transparencia, Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Global Shaper y el Observatorio de Gobernanza y Derechos Digitales de Chile XXI, estuvo dirigido hacia la “Responsabilidad de datos y nuevas formas de colaboración hacia una mirada constitucional”.
En la segunda edición del ciclo Verano de Datos Abiertos Constituyente, la discusión se instaló en las interrogantes que surgen a los límites e implicancias de la relación entre el derecho, las tecnologías y los modelos de gobernanza. Además, el debate abordó la responsabilidad en el uso de datos, algoritmos y los desafíos del neuroderecho, colocando a las personas en el centro para resolver sus problemas, y como una oportunidad para construir confianzas en la era digital.
Fabrizio Scrollini, Director Ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abierto (ILDA) fue quien abrió el encuentro refiriéndose a que, actualmente existen diversas discusiones sobre el acceso y el uso de los datos, pero las constituciones no tienen respuesta para esos desafíos. Es así como asegura que hoy se abre una oportunidad donde nuevas generaciones -las que plantean un nuevo pacto político y que viven la revolución de los datos-, las que pueden perfectamente abordar las implicancias de estos acuerdos.
Pero el investigador uruguayo apuntó en dos los problemas que deberían ser discutidos. Uno es cómo replantearse y especificar qué es exactamente “acceder a datos públicos, establecerlo como principio constitucional y qué órganos permiten que eso sea una realidad”. El otro, la evolución en el acceso a los datos para generar valor público y que están inmersos en distintos fenómenos como son la concentración del poder, el dinero y la tecnología, los que se distribuyen en pocos actores y generalmente centrados a nivel global.
Frente a ello, Scrollini propuso entender que la nueva Constitución es un mecanismo que “puede englobar estos debates” y además “cómo esos principios aseguran una sociedad democrática, abierta, transparente e inclusiva”.
Para abogada y Magister en Derecho Privado, María Isabel Cornejo, otros principios posibles y abordables -en la discusión de los datos-, tienen que ver con la inclusión del neuroderecho que “abarca dos comunidades disciplinarias, el derecho y las neurociencias, conformando un paradigma o modelo de aproximación al conocimiento”, y las neurotecnologías que son “tecnologías funcionales al estudio del sistema del sistema nervioso central”.
Cornejo expresó que este tipo de temas no son regulados en países como el nuestro, sin embargo, legislaciones internacionales y chilenas están al tanto de ellas e impiden toda intervención que modifique la naturaleza humana y donde “tal prohibición constituye un resguardo a la dignidad”.
Es en esta línea donde la abogada apuntó a que al ser un tema emergente, puede cambiar el curso de nuestro desarrollo “y ahondar en una desigualdad entre seres que pueden acceder a este tipo de tecnología y quienes no”. Ante la disyuntiva, María Isabel Cornejo invitó a construir un modelo colaborativo para abordar estas temáticas, ya que “considerar que lo que sea mejor hoy, puede no ser adaptativo para el futuro. Velar porque los perfeccionamientos individuales se traduzcan en beneficios sociales es una tarea pendiente”.
Así mismo, la experta en derecho privado concluyó respecto al escenario chileno que “incluir en la futura constitución un principio que paralice sin discutir previamente, especialmente si deseamos explorar las posibilidades de la cuarta revolución tecnológica es temerario, pero pertinente si se han pensado bien las consecuencias de la renuncia a la mejora tecnológica”.
¿Por qué incluir estos principios ahora en la Constitución?
En torno a generar pactos de discusión del neuroderechos, el abogado Ciro Colombara -reconocido como el impulsor de la Ley de Neuroderechos en Chile-, considera que una legislación de este tipo es sumamente imprescindible, más aún, entendiendo el escenario sociopolítico que se encuentra el país. “Impulsar una iniciativa al final de esta constitución puede parecer controvertida pero útil, porque nos permite discutir sobre un proyecto específico y concreto”, sentenció.
Colombara recordó que el único país del mundo donde se está discutiendo este tema es Chile (por medio del proyecto de Ley de Neuroderechos Constitucional) y es, en ese escenario, donde el académico planteó que “si este proyecto avanza, probablemente va a ser replicado en otros países y será clave para avanzar en una discusión a nivel internacional sobre si debe haber regulación sobre neuroderechos”. Sin embargo, el abogado advierte que estas modificaciones necesita una regulación diferente para cada una, donde se norme el neuroderecho y la protección de datos personales por separado.
Por su parte, la cientista política Claudia Negri, proyectó algunos escenarios claves para la responsabilidad en uso los datos y algoritmos. Lo primero es, precisó la experta en regulación informática, que la discusión tiene que abordar el tema de la transparencia como un concepto tridimensional que incluya el acceso a la información, comprenderla y que sea fácil de buscar, pero también que apunte a la inclusión, es decir, “que no discrimine y que genere beneficio”. Además califica al dato personal como “todo aquel que pueda llegar a identificar una persona”.
Negri sostiene que es responsable reconciliar el mundo digital con las personas, en vez de pensar hacia el futuro. “Hay que preocuparse por el ahora y no por la inteligencia artificial que vendrá” y ejemplifica en los problemas actuales esa distancia como los efectos “en el empleo, la perpetuación de los sesgos, efecto de la autonomía de las personas en relación con la privacidad, estado de vigilancia, efecto en la esfera pública, pero principalmente el efecto que se genera en la democracia”.
Entender que existirán tensiones en valores como el de “la privacidad”, necesitará de acuerdos participativos entre lo digital y la democracia. Lo fundamental para la Cientista Política es que existan legislaciones más amplias en torno a las tecnologías y generar discusiones acordes al contexto político y social que vive nuestro país.
Los promotores del ciclo verano de Datos Abiertos Constituyente, Rodrigo Ramírez Pino, Coordinador del Proyecto de Política Pública y Desarrollo Digital de Flacso-Chile y Patricio Urriola, Director Ejecutivo de Abriendo Datos, destacaron el consenso que existe entre los especialistas sobre como nuestro país se puede transformar un en un referente a nivel mundial y un pionero en la región, si se propone incluir el acceso, uso de los datos y los neuroderechos en la nueva Constitución.
Enlace: “Responsabilidad de datos y nuevas formas de colaboración hacia una mirada constitucional”. https://www.youtube.com/watch?v=MaXaZ8TLDpU&t=3556s
Enlace: “Verano de datos abiertos Constituyente”
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