Ley de Inteligencia y Protección de Datos, ¿Renacimiento de la CNI?


Desde octubre del año pasado, nuestro país vivió lo que sería la mayor crisis social vista en más de 45 años. Durante 6 meses, Chile fue el escenario de álgidas manifestaciones que paralizaron la vida pública y política de las personas. Extensas jornadas de protestas en el territorio nacional, acapararon la agenda política del Gobierno de Sebastián Piñera, lo que culminó en la construcción de un relato social único que exigía una transformación en el modelo social, económico y político, por la vía de un cambio constitucional, que pusiera el énfasis en la dignidad y bienestar de toda la sociedad.


Es a raíz de este proceso histórico, y que, bajo el fundamento del resguardo de la seguridad y el orden público, el Gobierno presentó el proyecto de “Ley de Inteligencia”, el cual se encuentra en su segundo trámite legislativo, destacando la presentación de 11 “urgencias” por parte del Gobierno, lo que demuestra la insistencia de este en su implementación.


El proyecto de Ley presentado por el ejecutivo en primera instancia busca la creación del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), organismo asesor del presidente de la república integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la dirección de inteligencia de las FF.AA, el Estado mayor conjunto, Carabineros e investigaciones, Gendarmería, Aduanas, quienes para su funcionamiento recibirán un aporte de la unidad de análisis financiero y del servicio de impuestos internos.


En este sentido, la labor principal de las instituciones antes mencionadas es; buscar, obtener, evaluar, tratar y almacenar información privada de la población para temas investigativos, ya que le dará poder a la ANI -bajo un control judicial- para obtener datos personales, donde se considera el uso de agentes encubiertos en organizaciones políticas y movimientos sociales.


Básicamente busca comparar a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y otros como entes similares con el narcotráfico o el crimen organizado, clasificándolos de “enemigos internos”, en donde el presidente tiene el mayor poder sobre este organismo y las Fuerzas Armadas.


En Chile existe una ley de Protección de Datos Personales desde 1999, sin embargo, el proyecto de ley podría ejecutarse perfectamente, pues la ley sostiene que los organismos públicos no requieren autorización de la persona para la utilización de sus datos.


El proyecto del SNI es un tema serio, ya que, no considera solo los datos personales de la población, sino también los datos sensibles que involucran información de la vida privada como la ideología, el origen étnico, creencias, etc. sin necesitar la autorización del titular, lo cual pone nuevamente en una situación de vulnerabilidad a grupos que ya se consideran vulnerados, pudiendo alimentar el sesgo discriminatorio por parte de policías y las FFAA, que ya se han envuelto en casos de vulneración de derechos. Además, se impulsan proyectos que dan mayor control al Estado de los datos personales, pero no se avanza en mayores facultades de la población para ejercer su accountability, ni se reconocen los datos personales como un derecho fundamental.


Es por lo mencionado con anterioridad que, creemos que no se puede impulsar un proyecto como el “SIN” el cual dote de mayores facultades a las policías, mientras en el país se encuentre aún pendiente llevar a cabo el proceso constituyente, donde se busca consagrar los derechos que la ciudadanía cree necesarios y fundamentales para el desarrollo de una vida más digna.


A su vez, se establece como irrisorio que un gobierno -como el actual- que se encuentra criticado por atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en el estallido social y que por lo demás, actualmente se encuentra en tela de juicio por generar medidas que van en desmedro de la ciudadanía -reflejándose el rechazo de este, en la baja aprobación al gobierno y su Presidente-, están nuevamente buscando generar mecanismos que en definitiva atentan con el derecho a la privacidad.


Estas leyes, que no hacen más que recordar el oscuro pasado de la “inteligencia” que tuvo en su poder la Dictadura de Pinochet, donde se limitaban los derechos de las personas, atentando contra la libertad de expresión. No es el deseo de la ciudadanía ser vigilada, más aún sin permiso propio. El control político que se quiere realizar con esta ley, llegando incluso a poder infiltrarse en conflictos sociales, ¿Es lo que necesita Chile hoy en día?, después de todo lo que hemos visto posterior al 18 de octubre, montajes de las FF.AA y policiales en contra de ciudadanos que han exigido su derecho a una vida digna, hace pensar en lo lejos que podrían llegar con todos los datos de las personas.


Es insensato entregarles más poder del que poseen, si con el que tienen, no obran de buena manera, con más, podría desatarse el abuso. Esperamos que el Presidente deje sus demonios internos de lado y que termine con su guerra imaginaria, y comience a gobernar para todos y todas con propuestas que favorezcan a la ciudadanía.


David Barrientos

Ignacio Figueroa

Romina Madrid

Barbara Neupert

Matías Salinas

Estudiantes de Administración Pública

Universidad Alberto Hurtado


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Erasmo Escala, 2008

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