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Ecosistema de datos, visibilización y perspectiva de género

El alboroto en torno al cuestionario del Censo 2024 refleja la conciencia colectiva de que la información recopilada no es simplemente una colección de datos, sino una herramienta poderosa para la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad.



La reciente decisión del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de no incluir preguntas sobre orientación sexual en el Censo 2024 ha suscitado un debate crucial sobre derechos, diversidad y representación. Las preguntas seleccionadas para el Censo no son simplemente interrogantes aisladas; son la base sobre la cual se construyen políticas públicas, se identifican necesidades de la población y se diseñan estrategias para abordarlas. La inclusión o exclusión de ciertas dimensiones no es solo un ejercicio estadístico, sino una declaración de prioridades y valores de la sociedad en un momento dado. A pesar de las justificaciones técnicas y metodológicas presentadas, es imperativo analizar las implicaciones reales de esta omisión, especialmente a la luz de compromisos nacionales e internacionales.


La Ley Zamudio del 2012 y el Acuerdo de Solución Amistosa del 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayan la obligación del Estado chileno de garantizar el ejercicio de derechos sin discriminación arbitraria. La exclusión de preguntas sobre orientación sexual en el Censo 2024 contradice estos compromisos, así como varios acuerdos de derechos humanos de las Naciones Unidas que enfatizan la igualdad y prohíben la discriminación. Otros elementos, como los Principios de Yogyakarta, se erigen como una guía fundamental para los países, reafirmando normas vinculantes que promueven la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, la respuesta del INE, basada en la identificación de género en el cuestionario, refleja una interpretación de teorías de Judith Butler sobre el hecho de que el sistema normativo trae aparejada la suposición de reglas de continuidad y coherencia entre sexo, género y orientación sexual, generando personas que quedan condenadas a ser pensadas en términos de discontinuidad e incoherencia.


Las publicaciones del INE, como el “Estudio de metodologías para la medición de identidad de género y orientación sexual en Chile”, de 2018, demuestran una conciencia previa sobre la importancia de medir la identidad de género y orientación sexual, reconociendo a estas como un bien público que permite visibilizar los desafíos que estas personas enfrentan y garantizar una respuesta efectiva de los Estados frente al reconocimiento de sus derechos. Pero tal como propone Daniela Moyano en su publicación “Datos y perspectiva de género”, esta discriminación estructural se da por la exclusión de su representación o del control de la manera como serán representadas.


La información recopilada en el Censo no solo es un reflejo de la realidad demográfica, sino que también define la muestra sobre la cual se realizarán investigaciones y estudios. La ausencia de ciertas preguntas puede llevar a lagunas en la comprensión de la diversidad y complejidad de la sociedad, limitando la capacidad de tomar decisiones informadas y de diseñar políticas públicas, programas y proyectos efectivos, minando la posibilidad de construir un ecosistema de datos sin sesgos, inclusivo y con perspectiva de género.

La experiencia de Argentina en el 2022 destaca la posibilidad de ampliar y reconocer categorías identitarias, permitiendo una perspectiva interseccional que aborda no solo la identidad de género, sino también aspectos como fecundidad, trabajo, etnicidad, entre otros. Esta práctica, ausente en Chile, revela una brecha en la adaptación a estándares regionales y la inclusión de las diversas identidades presentes en la sociedad.


La falta de datos específicos sobre la población LGBTIQA+ afecta directamente la capacidad del Estado para diseñar políticas inclusivas y evaluar la efectividad de las existentes. La CIDH destaca la importancia de datos confiables para visibilizar la realidad de estas personas y abordar las violaciones de derechos humanos que enfrentan.


La perspectiva de género en la producción de estadísticas, como señala Daniela Moyano, es esencial para evitar la invisibilización de desigualdades y sesgos. La falta de una mirada crítica en la recopilación de datos perpetúa estereotipos y limita la comprensión de la diversidad en la sociedad.


La omisión de preguntas sobre orientación sexual en el Censo 2024 no solo contradice compromisos legales, de gobierno y principios de derechos humanos, sino que también limita la capacidad del Estado para comprender y abordar la diversidad. Demuestra, además, que existe algún tipo de desidia de parte del organismo especializado en la materia, que ha entablado conversaciones desde el año 2002 con liderazgos de la comunidad LGBTIQA+, pero que no ha mostrado avances sustanciales que permitan generar estadísticas que visibilicen a esta población.


El alboroto en torno al cuestionario del Censo 2024 refleja la conciencia colectiva de que la información recopilada no es simplemente una colección de datos, sino una herramienta poderosa para la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad. Es imperativo que las autoridades y la sociedad en general participen en un diálogo abierto y transparente sobre las decisiones detrás de las preguntas del Censo, reconociendo que cada elección tiene implicaciones significativas para el presente y el futuro de la población.


El Mostrador, 26 enero, 2024.

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