En la tercera jornada del ciclo Verano de Datos abiertos Constituyente, organizada por Flacso-Chile y Fundación Abriendo Datos, fue el turno de “Centrarse en la comunicación pública, los mandatos legales y la ética de los datos”, la que tuvo como propósito debatir si existe un problema con el acceso y exceso de información, la manipulación y la calidad de la misma.
Los derechos en la sociedad de la información, como el acceso a los datos o el uso de los mismos, poco a poco empiezan a ganar terreno para generar un debate mucho más profundo acerca de lo que debe incluir la próxima Carta Magna. Antes existía un problema con el acceder a la información, hoy la dificultad se centra en el acceso y exceso de la misma. En tanto, la ética de los datos incorporados en la innovación tecnológica -lugar donde comienza la responsabilidad en el uso masivo de ellos-, pueden atentar contra los principios democráticos.
Para Cristián Alzamora, abogado e investigador del Observatorio de Derecho y Gobierno Digital, el acceso a la información y los datos abiertos -desde un punto de vista ético y normativo-, hace referencia a “los comportamientos humanos relacionados con la tecnología, pero en particular relacionado al dato per sé, a los algoritmos y sus usos, para generar la consciencia en estos términos relacionada a beneficios, oportunidades, riesgos y desafíos”.
El abogado precisó que es crucial afrontar estos temas en forma transversal, ya que una ley por sí sola no es suficiente para regular la tecnología. “El derecho se encuentra limitado, más aún, cuando estos cambios tecnológicos son rápidos”. Adicionalmente debe “combatir la asimetría entre las personas y la escasa noción que tienen sobre el tipo de datos que están utilizando para la toma de decisiones”. Por lo tanto, añadió el experto, esta ética debe ir acompañada además de un sistema de transparencia que abarque el acceso a la información, pero principalmente la apertura de la misma.
El derecho de acceso a la información funciona como un elemento que complementa al sistema de transparencia, entregando un “derecho consagrado que permite a los individuos solicitar información pública o que ingrese a los archivos del estado”. Sin embargo, esto no logra ser suficiente ya que la apertura de datos no solo es acceder, es conocer. “Se trata de una obligación de publicidad que comprenda que los datos deben ser de carácter accesible, bajo un formato de igual y fácil lectura y libres de restricciones”, precisó Cristián Alzamora.
Bajo estos parámetros y en referencia al momento crucial que vive nuestro país en torno a la discusión de la próxima carta constitucional, el investigador concluyó que en un contexto de alta digitalización “la transparencia y la confianza ayudan si o si a que la tecnología tenga como eje el respeto por la dignidad humana; que los gobiernos dejen a disposición los datos que generan un beneficio en la comunidad y; se establezca como principio institucional el principio de publicidad”.
Por su parte, la vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Valparaíso, Patricia Reyes, abordó tres puntos esenciales bajo la perspectiva ética y judicial de los datos. En primer lugar, señaló los estándares en la apertura de datos, como la autenticidad u oficialidad de ellos, la seguridad, y la preservación y gratuidad de la información. Su aplicación de manera correcta, permiten obtener un estándar clave: “la calidad de la información”, señaló.
El segundo punto, de acuerdo a Reyes, es donde la ética de los datos genera un desafío al momento de ser aplicadas, porque nos encontramos frente a riesgos que generan una problemática en torno a los derechos fundamentales. Al respecto, la expositora enfatizó que la apertura y la protección de datos deben ser vistos como derechos complementarios y señaló que “si no resguardamos los estándares anteriores, se van a generar problemas en el ejercicio de derechos fundamentales como la igualdad (en referencia al sesgo de información) o la libertad de elegir”.
Para dar algunas guías que permitan dar solución a estas materias -las que puedan ser debatidas en el proceso constitucional-, Patricia Reyes apuntó, como tercer punto, a las garantías que se requieren en nuestra cultura ética y que se deben ofrecer a la hora de abrir datos. En ese aspecto, concluyó que se requiere de un ecosistema de apertura “donde se genere una gobernanza y un modelo técnico jurídico que permita una gestión eficiente, adecuada y protectora a los derechos humanos en esta materia”.
Bajo esa misma línea, la Doctora en Comunicación, Derecho a la Información y Ética, añadió que se debe “permitir la reutilización, generar acceso a la información, evaluar el uso legítimo de los datos, cuestionarnos la necesidad de los datos, cuan sensible es la información y en qué manera la apertura va a contribuir. Así también, tomar todas las precauciones ante los riesgos, porque nada de lo que estamos hablando es posible en un modelo de equidad e igualdad posible si las personas no tienen acceso a las tecnologías y a las redes”.
En su turno, el investigador y profesor de la Universidad De Buenos Aires, Julio Alonso, se refirió a la comunicación pública y enfatizó en la necesidad de generar cambios, no solo de las comunicaciones, sino también, dentro de la ética de los datos.
Según Alonso, existe una ambigüedad en creer que, para la transparencia, “basta con hacer los datos públicos” y agregó “que la información sea accesible, no garantiza que esta sea visible, legible”. En este contexto, expresó que al mismo paso en que las personas desean acceder u obtener información, se encuentran con obstáculos que los limitan en estos asuntos.
En términos de comunicación, indicó el experto, nos encontramos con un escenario en donde el concepto de “gatekeepers” -referido al acceso, lectura o manipulación de páginas que contengan datos (bases de datos)-, y agrega que “ciertamente permite en algunos casos acceder, sin embargo, contiene restricciones cuando deseamos profundizar”.
Para el expositor argentino y experto en comunicación, actualmente en términos de mandatos legales (y siguiendo la línea de la ética de los datos), sistemas como el “software” se han “convertido en el único espacio donde nos estamos comunicando y funciona el mundo. Hoy todo está mediado por el software”. En cuanto a la programación de estos y su construcción, precisó que “debemos pensar que la ética de los datos debe contemplar los sesgos de base de datos, de asociación, de automatización, interacción, confirmación”.
La solución a las problemáticas señaladas, Alonso considera la necesidad de generar políticas de infraestructura para las tecnologías en desarrollo, que contengan ciertos elementos a considerar. “Cuando solemos diseñar cosas nuevas nos genera nuevos hábitos, por lo tanto, en el contexto constitucional, chile debe moverse hacia estructuras que permitan tener mayor flexibilidad”, apuntó.
Finalmente, Julio Alonso reflexionó en torno al contexto socio-político chileno señalando que “debemos construir leyes que nos permitan estar de acuerdo en varios sectores, a un nivel más regional”, entendiendo así que nuestro país debe considerar estos nuevos principios constitucionales, específicamente en la apertura de datos y la comunicación pública, pensando en profundizar los lazos con nuestros pares latinoamericanos.
Frente a las exposiciones de los expertos nacionales e internacionales del encuentro, los promotores del ciclo Verano de Datos Abiertos Constituyente, Rodrigo Ramírez Pino, Coordinador del Proyecto de Política Pública y Desarrollo Digital de Flacso-Chile y Patricio Urriola, Director Ejecutivo de Abriendo Datos, destacaron la importancia de abordar estos temas que usualmente no están en la agenda pública. Cada debate tiene como desafío proyectar la sociedad que queremos construir en materia digital, donde una reflexión profunda sobre la protección y fortalecimiento de la democracia -que considere la dinámica y la constante evolución del mundo tecnológico, y no pierda de vista el acceso amplio, transparente y seguro a cada uno de los procesos digitales individuales y colectivos-, es fundamental.
El próximo encuentro del ciclo “Verano de datos abiertos Constituyente” se desarrollará el jueves 11 de marzo, donde el tema principal abordará “El impacto de COVID-19 en los estados, localidades y empresas”.
Enlace: “Centrarse en la comunicación pública, los mandatos legales y la ética de los datos”.
Enlace: “Verano de datos abiertos Constituyente”
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